En 1992 la Asamblea General aprobó su primera resolución llamando a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone contra Cuba. Desde entonces la ha reiterado cada año con un respaldo siempre creciente que incluye ya a la casi totalidad de los estados miembros.

El contraste es obvio. De un lado la opinión virtualmente unánime de la comunidad internacional que rechaza una política ilegítima, contraria a los principios y propósitos de la Carta, violatoria de las normas del Derecho y de las que rigen el comercio entre las naciones y que desconoce ilegalmente la soberanía y los intereses de los demás países. Del otro, la terquedad de quien carece de argumentos para intentar justificar lo que el resto del mundo rechaza.

Estoy seguro que hoy adoptaremos la undécima resolución y ella posee una especial significación. La tiene porque ese texto cuenta con un apoyo realmente unánime que incluye a la mayoría del pueblo norteamericano y a algunas de sus principales instituciones. En el último año se han producido importantes acontecimientos que lo demuestran. La más amplia representación de la sociedad civil y reconocidas entidades empresariales se han pronunciado por la eliminación del bloqueo y la normalización de los vínculos económicos con Cuba. Especialmente activos en ese sentido son los agricultores, sus organizaciones y sus principales empresas productoras y exportadoras. Gracias a sus esfuerzos ha sido posible dar algunos pasos que pudieran conducir a cambios significativos en la actual política. Por primera vez en cuatro décadas fue posible a algunos exportadores estadounidenses vender sus productos a Cuba y concluir las operaciones necesarias pese a los severos obstáculos y las prácticas discriminatorias que tuvieron que enfrentar. En 11 meses recibimos más de 50 barcos mercantes que trasladaron 712 mil toneladas de productos agrícolas norteamericanos. El valor de esas compras, incluyendo su transportación, ascendió a 140 millones de dólares y podría elevarse a 200 millones con nuevos suministros recientemente acordados.

Los contratos relativos a estos últimos fueron suscritos en el marco de la Feria de productos agrícolas norteamericanos efectuada en La Habana del 26 al 30 del pasado mes de septiembre en la que participaron centenares de empresas de más de 33 estados que fueron acompañadas por algunas de sus más altas autoridades corporativas y políticas.

Aquellas ventas y esa Feria mostraron el amplio potencial que en beneficio de ambos países traería una relación comercial normal y el caudal de buena voluntad e interés mutuo que anima tanto al pueblo cubano como a los agricultores norteamericanos. Los avances en esa dirección serían asimismo beneficiosos para las demás naciones y para la paz y la cooperación internacional. Corresponden igualmente con las aspiraciones de la comunidad cubanoamericana en el seno de la cual se expresan diversos grupos favorables a una relación normal con su patria de origen que levantan sus voces, cada vez más numerosas, frente a quienes intentan silenciarlos con amenazas y presiones. Su reclamo se hizo sentir este año en el centro de Miami y en el capitolio de Washington D.C.

Ese espíritu constructivo ha encontrado eco en las instancias legislativas de Estados Unidos. Allí se ha constituido un grupo bipartidista que ha emprendido algunas iniciativas que tratan de cambiar la actual política y sustituirla por una más congruente con los verdaderos intereses del pueblo de ese país y con las normas de respeto que deben regir las relaciones entre estados soberanos. Su tarea, sin embargo, debe encarar todavía la tozuda oposición de una poderosa minoría.

El año pasado las dos ramas del Congreso norteamericano aprobaron un proyecto de Ley que habría introducido modificaciones importantes al bloqueo. Pese al claro respaldo recibido en ambos cuerpos, la dirección de la Cámara de Representantes violando elementales procedimientos democráticos desnaturalizó el texto aprobado e impuso una fórmula que contradecía abiertamente la voluntad de la mayoría.

Este verano la Cámara de Representantes adoptó por amplia votación algunas propuestas legislativas que facilitarían las exportaciones estadounidenses y eliminarían la prohibición a sus ciudadanos de viajar a Cuba. Estas propuestas buscan corregir elementos negativos arbitrariamente impuestos el año anterior. Aunque no alcanzan a la completa eliminación del bloqueo son pasos importantes en la dirección correcta que saludamos.

El Presidente Bush, sin embargo, se había anticipado a anunciar que vetará cualquier proyecto de ley encaminado a modificar la política vigente. El pasado 20 de mayo, en un discurso claramente injerencista y agresivo, pronunciado en la ciudad de Miami, expresó: "Estados Unidos continuará haciendo cumplir las sanciones económicas sobre Cuba".

Esa posición encuentra cada vez menos respaldo. El líder de la mayoría republicana de la Cámara, quien siempre ha votado contra Cuba y ha sido elemento clave en las maniobras parlamentarias para mantener el bloqueo, recientemente reconoció la irracionalidad de esa política y su inminente derrumbe.

Esas denominadas sanciones se están aplicando también contra entidades y ciudadanos de los Estados Unidos. La administración Bush no sólo amenaza con vetar proyectos que cuentan con sólido respaldo en ambas Cámaras y que responden a reclamos de buena parte de su población sino que lleva a cabo acciones que contradicen la voluntad expresa de los legisladores y las aspiraciones legítimas de quienes han inspirado esas iniciativas en el Congreso. Mientras éstos aprueban medidas que faciliten el comercio, la oficina encargada de ejecutar el bloqueo actúa en sentido contrario y anuncia nuevos requisitos y disposiciones que obligaría a cumplir a los exportadores y restringirían sus ventas; mientras la mayoría del Congreso se pronuncia por la libertad de viajar, la administración establece limitaciones adicionales, amenaza con castigos a quienes han ejercido un derecho amparado por la Constitución y ha negado visas a varios grupos de artistas e intelectuales cubanos causando perjuicios a importantes actividades culturales o científicas celebradas en este país.

La minoría anticubana, amparada en las relaciones privilegiadas que tiene con la actual administración, actúa cada vez más abiertamente contra los verdaderos intereses de la nación norteamericana. Ha logrado ubicar en altos cargos a individuos sin escrúpulos, calumniadores de oficio, que repiten cotidianamente mentiras ridículas que nadie cree y declaraciones provocadoras, irresponsables y falsas con el propósito de fabricar, mediante el engaño, un conflicto bilateral que les permita realizar su viejo sueño de apoderarse de las tierras, las viviendas y todo lo que pertenece al pueblo cubano. Aislada y derrotada políticamente acrecienta su hostilidad contra Cuba y persiste en sus planes para emplear contra ella la violencia y el terrorismo.

Cinco jóvenes cubanos fueron castigados injustamente por actuar contra conocidos grupos terroristas que operan libremente en Miami. Se les trata con abominable crueldad privándolos incluso, a ellos y a sus familiares, del derecho de visita. Un nuevo juicio que repare las graves violaciones cometidas allí al debido proceso ha sido solicitado por sus defensores con el apoyo de distinguidos juristas norteamericanos. Esa moción presentada hoy al Tribunal Federal del Sur de la Florida merece el respaldo de todos pues ella permitiría que se restablezca el derecho en un caso de vital importancia porque su esencia es, precisamente, la actitud que se tenga, en los hechos y no sólo en la retórica, frente al terrorismo y sus cómplices.

No abundaré ahora en los daños a nuestra economía ni en los graves perjuicios causados a la vida y el bienestar de todos los cubanos ni a las incontables violaciones a las normas internacionales y a los derechos de terceros que el bloqueo ha provocado durante cuatro décadas y que constan en la documentación distribuida respecto a este tema. La decisión que adoptará hoy esta Asamblea hará justicia al pueblo cubano que mucho ha sufrido como consecuencia de una política injusta, ilegal y contraria a la razón y a la moral. Mi pueblo ha resistido y lo seguirá haciendo porque nada lo hará renunciar a la independencia y nunca consentirá que nadie le arrebate sus derechos nacionales ni destruya la obra de justicia que ha creado con abnegación y tenacidad.

Con su voto la Asamblea estará defendiendo igualmente a todos los estados cuya soberanía y legítimos intereses son quebrantados por quienes se arrogan facultades que nadie les cedió y pretenden, contra todo derecho, dictar pautas para todo el mundo y hacerlas aplicar más allá de sus fronteras.

Pero la resolución que me honro en presentar y que seguramente hoy aprobaremos será también un respaldo al noble pueblo norteamericano y a todos los que en este país se esfuerzan por enmendar una política que el mundo censura, que es irracional y nada justifica y cuyo fracaso ha sido registrado ya por la historia.