La necesaria reforma constitucional que incluya la reforma política debe ser previa a la convocatoria de elecciones. El estado actual de crisis total y profunda de la sociedad argentina, así como lo anacrónico de su sistema político requiere refundar la Nación.

La crisis integral de la sociedad argentina eclosionó, tras la declaración del “estado de sitio”, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. El protagonista de esa gesta sin parangón en la historia de los últimos años fue un pueblo decidido que salió a la calle, enfrentó a la represión, logró la renuncia del presidente y generó un fenómeno inédito: las asambleas barriales.

El debate asambleario, emparentado con el que caracterizó las crecientes luchas del movimiento piquetero, no sólo repudió la política económica en su integridad, sino que cuestionó la gestión de la dirigencia y reclamó instancias de democracia directa superadoras de representaciones en las que ya no cree apelando a una frase sintetizadora: “que se vayan todos”.

Ese “todos” apunta a un enemigo diverso, multiforme (políticos, bancos, grandes empresas, medios de comunicación monopólicos, jueces corruptos), que sólo puede ser designado apelando a un término genérico e impreciso, pero que insinúa que esos “todos” son los “ellos” distintos a “nosotros”, un concepto que tiende a abarcar a los explotados y empobrecidos.

Pero por su profundidad y duración la crisis que padece el país obedece a causas más profundas que la ineptitud intelectual y la pobreza moral de la mayoría de sus políticos. No se trata pues de reducir el número de representantes sino de terminar con el “profesionalismo” que convierte a la actividad pública en una fuente de recursos y con el reclutamiento de los dirigentes entre los empresarios, los tecnócratas y los abogados del establishment.

Para llevar adelante los cambios que la sociedad exige es preciso comenzar por la reforma de la Constitución Nacional, previo a la elección de autoridades, que sin reforma política serían variaciones de lo mismo. La convención constituyente debe ser convocada, sin limitaciones en cuanto a sus alcances en un plazo prudencial, para permitir un amplio debate y difusión de proyectos.

Nuestro planteo reivindica la potestad de los constituyentes de reformar la ley suprema en su totalidad o en cualquiera de sus partes, sin acotar su funcionamiento a determinados artículos o temas, sin pactos previos, ni condicionamientos políticos. Se trata de refundar la Nación.

La reforma constitucional debe basarse esencialmente en desarrollar el principio de poder popular, por lo que la estructura orgánica de este poder debe comenzar por prestar esencial atención a lo que consideramos la célula de la sociedad: la comuna. Para ello deben ampliarse las facultades que éstas tienen e incorporárseles otras en materias de salud, educación, obra pública, asistencia social, medio ambiente, etc. y muy especialmente asegurarle por vía constitucional expresamente establecido los recursos financieros necesarios.

El término ‘comuna’ está aludiendo al gobierno local, pero con un alcance político que supere al tradicionalmente considerado ‘municipal’.

Debe aumentarse el número de comunas dividiendo los actuales departamentos o partidos provinciales según población y extensión, de manera de asegurar una mayor participación ciudadana. Hay que desburocratizar y restar poder a los organismos centrales y asignarles más poder a las comunas.

Para elegir a los constituyentes, además de los partidos actuales, deben intervenir los nuevos que puedan crearse dando amplias facilidades para ellos y que surjan del estado de movilización actual de la sociedad. El sistema electoral debe ser el proporcional directo y sin pisos. Se trata de avanzar hacia una democracia más amplia y plural.

Es imperioso avanzar hacia sistemas de gobierno nacionales y provinciales de tipo parlamentario, con un presidente que inviste la representación de la nación pero que gestiona a través de un gabinete dirigido por un Primer Ministro, elegidos todos ellos de entre sus miembros por la Cámara de Diputados o de Representantes y sometidos a su permanente contralor, incluyéndose entre sus facultades la de destituirlos en caso de mal desempeño de sus funciones.

La Cámara de Representantes o Diputados será el único organismo legislativo del Estado Nacional, elegido por cada provincia en número proporcional a sus habitantes, por el sistema de partidos políticos y elección proporcional directa sin pisos.

Se debe suprimir la Cámara de Senadores de la Nación puesto que el mecanismo del doble tratamiento de los proyectos de ley por cuerpos de diferente composición numérica resulta hoy anacrónica, casi feudal, propia de la Argentina del siglo XIX.

Nuestra propuesta incluye la creación de un organismo especial que se denominaría Consejo Federal (verdadero cuerpo de representación de los intereses de las provincias) que se fijaría como primer objetivo la asignación de los recursos fiscales de manera tal que se respeten los principios de equidad y prioridades a través de debates transparentes. Sus integrantes serían designados por las legislaturas provinciales (también cámaras únicas) sobre la base de candidatos propuestos por los gobiernos respectivos y su número no debería exceder el de dos representantes por provincia.

La reforma incluirá en forma más precisa y regular una serie de mecanismos de democracia semidirecta que permitan mejorar y reforzar el papel de la iniciativa popular, la consulta popular y el referéndum, dándoles carácter vinculante y ampliando los temas en los que se aplican.

Una nueva constitución debe reconocer como forma prioritaria de la organización económica del país la propiedad pública, las empresas que producen bienes industriales estratégicos, las que explotan recursos naturales y las empresas que brindan servicios públicos. Es importante, además, que incluya a la propiedad cooperativa como una de las formas de economía social otorgándole un tratamiento similar al que reciban las empresas de propiedad pública.

Ambos tipos de propiedad deben ser gestionados por un sistema de administración tripartito donde estén representados los trabajadores de la empresa, los consumidores directos y la fiscalización del Estado. No podrán repartir excedentes y la acumulación será reglamentada por ley para destinarla a la permanente modernización de las empresas, creación de nuevos puestos de trabajo y a cubrir las necesidades fiscales.

En el sector de la propiedad privada se diferenciará a las pequeñas y medianas empresas de las grandes. El régimen tributario reforzará la imposición sobre las mayores ganancias.

Mediante mecanismos que serán establecidos por las leyes, se protegerá la producción nacional de la competencia extranjera, pudiendo llegar a prohibirse el ingreso de productos cuyo abastecimiento en calidad y precio, está asegurado por las empresas locales.

La reforma económica establecerá claramente el derecho de los trabajadores a una creciente participación en el ingreso económico, la reducción de la jornada laboral en virtud de los avances tecnológicos que beneficien a la productividad, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo y la prohibición del trabajo de los menores de edad.

Los trabajadores tendrán facultades para oponerse a las decisiones empresariales que los perjudiquen, así como a efectuar propuestas sobre la organización del proceso productivo y la división interna del trabajo, el modo de incorporación de la nueva tecnología, etcétera.

El sistema previsional exigirá una total revisión, sobre la base de que la propiedad y gestión de las empresas previsionales estará a cargo de los trabajadores activos y pasivos.

El debate constitucional deberá abordar también la nueva temática vinculada a derechos humanos, ecología, protección del medio ambiente, derechos de la mujer, salud reproductiva, libre opción sexual, esparcimiento y recreación.

Preservar la paz y la armonía entre las naciones debe ser un objetivo destacado, debiéndose subrayar el absoluto respeto a la libre determinación de los pueblos.

Creemos que, dado el desarrollo de organizaciones populares y los fenómenos nuevos como el movimiento piquetero y las asambleas, debería plantearse un proceso “pre-constituyente”, que incluya deliberaciones públicas.

Lo ideal sería conformar una Asamblea Constituyente en la que los convencionales llegaran con “cuadernos de reclamos” de sus mandantes, que a su vez hayan surgido de una discusión previa lo más amplia posible.