21 de Febrero de 2003

Clara Britos, propietaria y directora del periódico "La Tapa", ha sido nuevamente amenazada de muerte. El medio que ella dirige ha publicado reportajes sobre abusos de poder en la municipalidad de Guernica, de la provincia de Buenos Aires. Los casos reportados incluyen presuntos actos de corrupción, como un doble sueldo devengado por una concejal, y evidencias sobre la responsabilidad e implicación de las autoridades de la municipalidad de esa localidad en la represión violenta de protestas ciudadanas que han resultado inclusive en la muerte de dos manifestantes (piqueteros). Debido a los reportajes publicados en La Tapa, Britos sufre de una intensiva campaña de acoso y amenazas contra su vida.

La periodista Clara Britos, propietaria y directora del periódico "La Tapa", de Guernica en la provincia de Buenos Aires, fue amenazada nuevamente de muerte el 14 de febrero por sujetos desconocidos.
Según el testimonio de Britos, alrededor de las 21 horas ella salió de su casa a comprar aspirinas. Fue entonces cuando tres sujetos la empujaron violentamente contra un paredón y presionándole el cuerpo le dijeron que la matarían a ella y a su familia.
Desde el año 2000 esta periodista viene sufriendo amenazas a través de llamadas telefónicas diarias, mensajes de correo electrónico, persecuciones vehiculares, permanencia en las afueras de su casa de sujetos desconocidos. Y estas se han intensificado desde que Britos comenzó a escribir un libro "Posdata: Sin derecho a lo humano", donde revelará referencias, denuncias y testimonios sobre los responsables por el asesinato de dos piqueteros en el año 2002. También, a través de La Tapa, ha denunciado presuntos actos de corrupción en la municipalidad de Guernica.
Estas amenazas comenzaron a incrementarse principalmente desde el mes de Junio, tras la publicación de la información sobre una marcha en la que la policía reprimió y golpeó a tres trabajadores de la enseñanza.
Desde entonces, un vehículo Falcon Rojo conducido por un desconocido suele seguirla desde su casa. En varias ocasiones su conductor la ha amenazado de muerte por publicar información sobre las irregularidades en las que estaría involucrado el ex intendente de la ciudad, Oscar Rodríguez, actualmente funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).
La periodista además sufre frecuentes amenazas telefónicas y recibe correos con el texto de "muerte a los amigos de los piqueteros". Su teléfono está pinchado.
Entre otras cosas que motivan esta persecución, están las evidencias que ella ha aportado sobre la responsabilidad e implicación de las autoridades de la municipalidad de esa localidad en la represión violenta de protestas ciudadanas que culminaron con los asesinatos de los compañeros piqueteros Darío Santillán y Máximo Kostegui.
Según sus investigaciones, tanto Máximo Kostegui como Darío Santillán fueron fotografiados y marcados durante una movilización frente al municipio de Guernica, feudo del viceministro de inteligencia Oscar Rodríguez y de su esposa la senadora Mabel Muller.
Todo esto ocurre sin que las autoridades hasta la fecha le hayan brindado la debida protección y sin que muestren diligencia para identificar y procesar a los responsables de las amenazas y agresiones contra la periodista Britos.
El 5 de agosto del 2002, Juan José Alvarez, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, respondía así a una presentación efectuada el 30 de julio de ese año ante dicho ministerio por el ciudadano rosarino, Ramiro Gonzalez: "Me dirijo a Usted con relación a su carta enviada el 30 de julio pasado en la que manifiesta su preocupación sobre el caso de la periodista Clara Britos, del periódico La Tapa. De acuerdo a los hechos por usted detallados, vinculados a denuncias y posteriores amenazas ocurridas en el Partido bonaerense de Guernica, le solicitamos que, con el objeto de no demorar una rápida respuesta a lo solicitado, recurra al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ya que es un tema por razones jurisdicción, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no tiene responsabilidad directa.
No obstante, es intención de este Ministerio aunar esfuerzos para resolver una cuestión tan sensible, como es la seguridad de las personas, que tanto nos preocupa a todos. Naturalmente lo podemos hacer en la medida que respetemos los caminos normales que marca nuestro régimen federal, es decir coordinar acciones pero dentro de una jurisdicción que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y no de la Nación".
Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) dirigió una carta al Defensor del Pueblo de la Nación, Sr. Eduardo Mondino, reiterándole su enorme preocupación y temor por la vida de la periodista Britos y de su grupo familiar, y por las repercusiones emocionales, laborales y económicas que el asedio contra ella ha provocado. Ya en julio de 2002, PFC se había pronunciado a favor de la periodista Britos señalando que bajo condiciones tan adversas, especialmente por la inestabilidad política y de extrema inseguridad que se vive en la Argentina, "prácticamente se cierran los espacios para que los periodistas puedan ejercer su papel fiscalizador frente a las instancias gubernamentales, facilitando que la corrupción y la arbitrariedad prevalezcan".
PFC pidió al Defensor Mondino gestionar "protección y seguridad para la periodista Britos y su grupo familiar" e interceder ante las autoridades competentes para que "los responsables de las amenazas y agresiones contra ella sean identificados, procesados y sancionados ejemplarmente".