A DOS MESES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
La Coordinadora Aníbal Verón, el pasado
lunes, cortó el Puente Pueyrredón para exigir castigo a los responsables
políticos y materiales de la represión del 26 de
junio.
Los integrantes de los Movimientos de Trabajadores Desocupados enrolados
en la Coordinadora Aníbal Verón resolvieron, junto al Bloque Piquetero, Barrios
de Pie y el MIJD, cortar el Puente Pueyrredón para recordar los dos primeros
meses desde el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En completa calma, los cortes se
efectuaron en Liniers, Puente Saavedra y Puente Pueyrredón en vísperas de la
semana de cobro de los 100 mil planes de empleo que no fueron pagados.
Lo que hubo el 26 y hoy no está presente es la actitud hostil de la
policía, lo que a dos meses de la represión, permite explicar que el 26 de junio
sólo pudo ser posible con la planificación del poder político y sus organismos
de inteligencia.
Cuando comenzó el corte, a las 12 del mediodía, Leonardo Santillán, el
hermano de Darío, señaló que "Juan Pablo Cafiero convocó en La Plata a los
familiares de los jóvenes asesinados y les entregó una carpeta de 8 carillas
donde centra la tensión en la responsabilidad del comisario Fanciotti, cuando
todos sabemos que el plan criminal fue pergeñado desde el Gobierno para castigar
la protesta social y atemorizar a toda la
sociedad".
A la marcha de los piqueteros se sumó la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, cuya presidente Hebe de Bonafini se sumó al reclamo de castigo a los
responsables dijo que "entre estos piqueteros y algunas asambleas está la gente
más capacitada para sacar adelante este país".
CONCLUSIONES EN BASE A TESTIMONIOS Y
EVIDENCIAS
INFORME DE LA COORDINADORA ANÍBAL VERÓN A DOS MESES DE LA MASACRE DEL 26
DE JUNIO: EL ESTADO DE LA CAUSA, EL PAPEL DE LA FISCALÍA, LOS PARAPOLICIALES Y
LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LOS MANDOS POLICIALES Y POLÍTICOS, LAS "ORDENES
DE MATAR", Y LA SITUACIÓN EN LOS BARRIOS DEL CONURBANO.
Después del miedo inicial que paralizó a gran parte de quienes fueron
heridos, reprimidos torturados y golpeados en comisarías, y a pesar de las
amenazas que se siguen extendiendo por los barrios y asambleas, el testimonio y
el estudio de las evidencias recogidas por los integrantes de los movimientos
piqueteros y sus abogados, la CTD Aníbal Verón presenta las siguientes
conclusiones:
1) Criminalidad policial:
- El plan represivo implementado el 26 de junio de este año, dejó como
saldo a 28 manifestantes heridos por postas de plomo, detallándose de la
siguiente forma: 2 de ellos heridos en la base del puente al instante mismo que
comenzó la represión; tres personas declararon haber sido baleadas en las
inmediaciones de Plaza Alsina, a 900 mts. del Puente por Av. Mitre. Otros dos en
las cercanías de la estación de Gerli, y el resto en el trayecto que va desde el
puente hasta la estación de Avellaneda, donde cae Maxi, y finalmente en la misma
estación donde Darío es fusilado.
- Hubo más de 160 hombres y mujeres detenidos. En la comisaría 2ª de
Avellaneda fueron desnudados y torturados tanto hombres como mujeres. Los
heridos sangraron durante horas sin ser atendidos, algunos llegaron a ser
golpeados en las heridas y otros fueron golpeados a culatazos, llegando la
policía a quebrar la mano de uno de ellos.
Las detenciones que se realizaban en zonas descampadas incluyeron
torturas y amenazas de fusilamientos. En un caso, esto ocurrió bajo la
advertencia de uno de los represores que le dijo a un perseguido: "mirá que
tenemos orden de matar”.
2) Intervención parapolicial:
Además de los dos policias de civil que se encuentran actualmente
prófugos fueron identificados en filmaciones al menos cuatro personas más
actuando junto a las fuerzas represivas, y en uno de los casos, portando armas y
dando órdenes al personal policial. Se comprobó que uno de ellos es Francisco
Robledo, agente retirado de la fuerza hace seis
años.
3) La causa judicial:
En los 15 cuerpos que acumula el expediente, sólo figuran las
declaraciones presentadas por las víctimas o las evidencias hechas públicas por
la prensa. Ningún avance sustancial fue logrado por iniciativa de la fiscalía,
que incluso llegó al colmo cuando libró la orden de detención de los policías
Leiva y de la Fuente, permitiendo que se profugaran con la complicidad de sus
camaradas. Esto queda demostrado en el interior de la causa, donde consta casi
en forma burlesca: "Se procedió a tocar el timbre en el domicilio de Leiva, y ya
que nadie contestó el llamado, se lo considera prófugo".
Por otro lado, es llamativa la ausencia de imputaciones a quienes deben
responder por la acción criminal de los policías involucrados: sus superiores el
Jefe de la Departamental Lomas, Comisario inspector Vega, y Subjefe Comisario
Mijín; el Jefe de la Policía de la Provincia Ricardo Degastaldi y sus mandos y responsables
políticos inmediatos: el ex Ministro de Seguridad Luis Genoud, y el gobernador
Felipe Solá. El titular del gobierno bonaerense y sus subalternos avalaron y
felicitaron el accionar de la policía, mintiendo y demonizando la actitud de los
manifestantes hasta tanto no aparecieron las fotografías de la prensa. Las
acciones y declaraciones de las primeras horas deslizan, al menos, un manto de
sospecha sobre su responsabilidad en la planificación y ejecución de la masacre,
que no debería ser obviada por una investigación
imparcial.
4) La necesidad política de la represión:
A dos meses de los hechos, la dificultad en el pago de los planes de
empleo, la creciente miseria, la incapacidad del gobierno para llegar a su
ansiado acuerdo con el FMI, no hacen más que echar más luz sobre lo que
dijimos al momento mismo de la represión: el gobierno nacional y los sectores
más concentrados del poder económico necesitaban una represión de tal magnitud
que asustara y dividiera a la sociedad, que "disciplinara" el conflicto social y
estigmatizara a los sectores más consecuentes en la lucha contra la miseria y la
exclusión.
El análisis a través del tiempo no hará más que demostrar lo que muchos
intuyen: lo ocurrido en Avellaneda el 26 de junio fue planificado desde las más
altas esferas del poder político y sus organismos de inteligencia, e instigado
por declaraciones y campañas de acción psicológica en los medios de comunicación
a través de las mentiras de los voceros del poder económico como Daniel Hadad o
el Diario La Nación.
Las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
Nacional Alfredo Atanasof, del ministro del Interior Jorge Matzkin y del
Secretario de Seguridad Juan José Álvarez no sólo se desmoronaron cuando
aparecieron las fotografías del fusilamiento de nuestro compañero Darío, sino
que dejaron al desnudo, gracias a toda la evidencia recogida, que esos discursos
no eran más que la búsqueda de legitimación política de lo que ya había empezado
con la represión y las muertes. Esto debía continuar con la ilegalilzación de
los movimientos en lucha, y el sometimiento por el miedo de toda la
sociedad.
Los funcionarios mintieron durante las primeras horas en forma
sistemática invocando la "Ley de Defensa de la Democracia", ante la supuesta e
inexistente escalada de violencia organizada.
5) En nuestros barrios hoy:
El gobernador Felipe Solá y sus funcionarios, siguieron mintiendo cuando
a los pocos días de los hechos dijeron que resolverían los reclamos
sociales:
Los comedores siguen desabastecidos y el hambre crece; los planes de
empleo, en muchos casos siguen sin cobrarse, y cuando se cobran apenas alcanzan
para una semana de alimentos para una familia con cuatro hijos; el sistema de
salud y educación siguen desmoronándose.
Lo que sí se incrementó después de nuestras denuncias, fue la represión,
bajo la forma de amenazas, aprietes y golpizas. Que la mayor presencia de
gendarmes y prefectos en nuestro territorio no haya impedido ni uno sola de las
decenas de amenazas e intimidaciones en la zona sur del GBA, sólo se explica si
entendemos que la represión institucional y la "parapolicial" se complementan y
responden al mismo plan sistemático, sobre el que además de las comisarías de la
zona, deberían dar cuenta los intendentes del Conurbano y sus punteros políticos
que conocen nuestros barrios y a nuestros compañeros
amenazados.
El acompañamiento de amplios sectores sociales y políticos ante aquella
represión, no hizo más que reafirmarnos lo que siempre supimos, que debemos
seguir en la lucha, sumando esfuerzos junto a los sectores piqueteros, en
especial nuestros compañeros del Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie y el
MIJD, asambleístas, trabajadores que ocupan sus fábricas, las Madres de Plaza de
Mayo y los estudiantes, respondiendo con energía, madurez y unidad ante cada
avance, hasta que se vayan todos, hasta que hagamos realidad el cambio social
por el luchaban nuestros compañeros caídos, símbolos de la juventud piquetera y
ejemplo de solidaridad, compromiso y entrega; cambio social por el que
seguiremos luchando hasta que no haya excluídos, ni explotadores ni
explotados.
A dos meses de los fusilamientos de
Avellaneda,
¡Darío y Maxi y todos los compañeros caídos, siempre
presentes!
Contra el terrorismo de Estado,
Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón,
POR
TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL
Las siguientes organizaciones componen a la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón: MTD Solano, MTD Lanús, MTD Almirante Brown, MTD
Florencio Varela, MTD Guernica, MTD Quilmes, MTD Esteban Echeverría, MTD José C.
Paz, MTD Lugano (Capital Federal), MTD 22 de Julio (localidad de Allén en Río
Negro), MTD Darío Santillán (localidad de Cipolleti en Rìo Negro), CTD de La
Plata, CTD de Lanús y CTD de Quilmes.
